La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lanzó duras acusaciones contra el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a quienes responsabilizó por la detención de militantes peronistas tras incidentes frente a la casa del diputado libertario José Luis Espert. Mendoza denunció una persecución política y exigió la liberación de los detenidos, entre ellos Eva Mieri, jefa de la bancada kirchnerista en el concejo local, y otras militantes.

En sus declaraciones, Mendoza también vinculó a Espert con el narcotráfico, recordando su relación con el empresario aeronáutico Fred Machado, quien fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La intendenta compartió una foto de Espert junto a Machado y señaló que el diputado utilizó un avión de su propiedad durante la campaña presidencial de 2019. Espert, por su parte, ha negado cualquier vínculo delictivo, asegurando que solo recibió un préstamo de avión y que todos los gastos de campaña fueron declarados ante la Justicia Electoral.

El caso generó reacciones encontradas. Desde el kirchnerismo, se denuncia que las detenciones son parte de una estrategia de amedrentamiento y discriminación política, mientras que el oficialismo sostiene que las acciones judiciales responden a hechos delictivos y no a persecución. El secretario de Comunicación de Quilmes, Alberto De Fazio, calificó a los detenidos como "presos políticos" y responsabilizó directamente a Milei, Bullrich y Arroyo Salgado.

La polémica revive viejas tensiones en la política argentina, especialmente en torno al uso del poder judicial y la transparencia en la relación entre funcionarios y empresarios. Aunque la denuncia sobre la relación entre Espert y Machado fue presentada en el Congreso, no prosperó judicialmente. El episodio se inscribe en un contexto de alta polarización, donde las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición marcan la agenda pública y profundizan la desconfianza en las instituciones.