El Estado Nacional oficializó su retiro definitivo de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), transfiriendo el control mayoritario a la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. La medida, concretada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, responde a un histórico reclamo de Catamarca y se enmarca en la política de reducción del déficit fiscal y racionalización del gasto público impulsada por la actual administración.

Con la nueva estructura, Catamarca asume el 60% de la participación en YMAD y la presidencia del directorio, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán mantiene el 40% y dos vocalías. El acuerdo fue ratificado por la Legislatura provincial y la UNT, y formalizado por el DNU nacional publicado el 5 de enero de 2026. El gobernador Raúl Jalil celebró el traspaso como "la concreción de un reclamo histórico que proyecta nuevas oportunidades para el desarrollo minero, la generación de empleo y el fortalecimiento de ingresos provinciales".

El proceso de transferencia comenzó en diciembre de 2024, con la firma de acuerdos de gobernabilidad entre Catamarca y el Estado Nacional. El 15 de diciembre de 2025, las partes suscribieron el Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro, que establece el cese de la participación nacional en la gestión y funcionamiento de YMAD y el deslinde de responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Minas Capillitas y otros yacimientos estratégicos pasan a ser administrados directamente por la provincia, lo que refuerza el carácter estratégico de la minería para Catamarca.

El traspaso se produce en un contexto de creciente interés por los recursos mineros, con la reactivación de proyectos como Bajo La Alumbrera y el avance de grandes inversiones en litio y otros minerales. Sin embargo, el modelo minero provincial enfrenta críticas por la falta de transparencia en los procesos de consulta ambiental y la limitada participación de las comunidades locales. Organizaciones sociales y especialistas advierten sobre los riesgos de concentración de poder y la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.

Mientras el oficialismo provincial destaca el impacto positivo en el desarrollo local y la autonomía en la gestión de recursos, opositores y referentes comunitarios expresan dudas sobre la legalidad del procedimiento y la sostenibilidad ambiental de los proyectos. El acuerdo genera expectativas de mayor autonomía provincial, pero también plantea desafíos en materia de gobernanza, transparencia y equidad en la distribución de beneficios.