El caso de Brisa Páez, una joven de 21 años que sufrió graves lesiones durante un entrenamiento antidisturbios en la Armada Argentina, ha generado un intenso debate político y judicial. El incidente ocurrió el pasado 4 de abril en la base de Vicente López, donde Páez, quien llevaba apenas cuatro meses en la fuerza, participaba en un simulacro que terminó con un golpe en la cabeza que la dejó en estado crítico.

Según testigos, durante el ejercicio, un instructor golpeó con fuerza el escudo que sostenía Páez, provocando que cayera de espaldas. Aunque llevaba casco, el impacto le causó un daño axonal difuso en el cerebro. A pesar de manifestar dolor y desorientación, el entrenamiento continuó, y la joven no recibió atención médica inmediata. Fue trasladada al Hospital Militar Central, donde fue inducida a un coma farmacológico debido a convulsiones severas. Actualmente, su estado es estable, pero permanece en terapia intensiva.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado lidera la investigación, que ya ha resultado en la detención de nueve militares, incluidos instructores y superiores. Se investiga si Páez fue tratada con mayor agresividad debido a una relación personal previa con uno de los instructores, lo que podría haber motivado un trato discriminatorio durante el ejercicio.

El caso ha reabierto el debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, una práctica prohibida por la Ley de Seguridad Interior. Senadores de Unión por la Patria han solicitado la interpelación del ministro de Defensa, Luis Petri, para que explique por qué se realizan estos entrenamientos. Además, el operativo "Julio Argentino Roca", que involucra a las Fuerzas Armadas en el control de fronteras en el norte del país, también está bajo escrutinio.

Organismos de derechos humanos, como el CELS, han cuestionado la utilidad y legalidad de estos operativos, argumentando que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para tareas de seguridad interior. Por su parte, la Armada Argentina ha iniciado un sumario interno para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

El caso de Brisa Páez no solo pone en evidencia fallas en los entrenamientos militares, sino que también plantea serios cuestionamientos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y el respeto a los derechos humanos. La investigación en curso será clave para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.