La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta semana el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como "Súper RIGI". La iniciativa, impulsada por el gobierno nacional, busca atraer inversiones extranjeras mediante una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que se extenderán por 30 años. El proyecto obtuvo media sanción con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, y ahora será debatido en el Senado.

El Súper RIGI establece una reducción del impuesto a las ganancias al 15% para los proyectos adheridos, frente al 25% del régimen anterior y el 35% general. Además, otorga exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y la posibilidad de disponer libremente de divisas a partir del tercer año de exportaciones. El monto mínimo de inversión requerido es de US$ 1.000 millones, con foco en sectores de frontera tecnológica como minería, energías renovables y centros de datos.

El régimen también habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales en caso de controversias con el Estado argentino, lo que ha generado cuestionamientos sobre una posible cesión de soberanía. Mientras el gobierno y sus aliados defienden la iniciativa como una herramienta clave para atraer industrias y generar crecimiento, sectores de la oposición, economistas y organizaciones como Fundar y la Unión Industrial Argentina advierten sobre los riesgos de consolidar una economía de enclave, la pérdida de recursos fiscales y la falta de integración con el entramado productivo local.

Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, el costo fiscal anual podría superar los US$ 1.800 millones, principalmente por la eliminación de retenciones y la reducción de la alícuota de Ganancias. Por su parte, JP Morgan considera que el régimen es estructuralmente sólido y que el costo fiscal sería acotado, ya que apunta a sectores donde actualmente no existen bases imponibles significativas.

El debate sobre el Súper RIGI se da en un contexto de caída de la inversión y desafíos para el desarrollo económico. Experiencias internacionales advierten sobre posibles impactos ambientales y sociales, como el consumo de agua por data centers. El proyecto se complementa con una ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que flexibiliza la tenencia de tierras por extranjeros, lo que suma nuevas controversias.

El Senado será el próximo escenario de discusión, donde se esperan nuevas negociaciones y eventuales modificaciones al texto aprobado.