El Gobierno nacional dispuso un fuerte aumento en la alícuota de los aportes de seguridad social que deben pagar los clubes de fútbol profesional, lo que generó una inmediata y contundente reacción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida, oficializada a través de la disposición 16/2025, eleva el porcentaje de contribución del 7,5% al 18,62%, con el objetivo de cubrir un déficit previsional que, según fuentes oficiales, alcanzó casi $20 mil millones entre noviembre de 2023 y octubre de 2024.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la decisión argumentando que el sistema previsional del fútbol arrastraba un déficit que debía ser cubierto por el Estado, y calificó a los clubes como "millonarios subsidiados por los jubilados". Sturzenegger recordó que el régimen especial vigente desde 2001 permitía a los clubes tributar sobre ingresos específicos, como la venta de entradas y derechos de televisación, en lugar del esquema general de aportes.

La respuesta de la AFA no se hizo esperar. En un extenso comunicado titulado "La mentira, a la orden del día. La única verdad es la realidad", la entidad presidida por Claudio Tapia cuestionó la unilateralidad de la medida y aseguró que durante meses trabajó junto a los clubes y organismos estatales para presentar propuestas que permitieran equilibrar el sistema sin afectar la sustentabilidad de las instituciones deportivas. Según la AFA, sus sugerencias no fueron tenidas en cuenta y la decisión del Ejecutivo ignora la realidad financiera de los clubes, poniendo en riesgo su función social y deportiva.

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, fue especialmente crítico con Sturzenegger, a quien acusó de "vivir del Estado hace décadas" y de "camuflarse" políticamente para mantener su sueldo. Toviggino defendió el rol de los clubes como motores sociales y económicos, y advirtió que el aumento de la carga impositiva podría afectar programas de formación, infraestructura y contención social.

El conflicto se produce en un contexto de tensiones previas entre la AFA y el Gobierno, con cruces públicos y declaraciones de alto voltaje. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a enviar una carta documento a Toviggino por declaraciones consideradas de tono "mafioso".

La controversia profundiza la grieta entre el fútbol argentino y la administración nacional, y abre interrogantes sobre el futuro de la relación institucional y la economía de los clubes, que advierten sobre el impacto negativo de la medida en su capacidad de inversión y en su función social.