La Justicia federal allanó este viernes la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita en el manejo de fondos sindicales. La medida fue ordenada por el juez Julián Ercolini a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien investiga al secretario general del gremio, Abel Furlán, y a María Soledad Calle, directora de la empresa USEM y empleada de la UOM.

Según fuentes judiciales, la causa se originó a partir de una denuncia presentada por opositores internos y la Fundación para la Paz y el Cambio Climático. El eje de la investigación es un contrato firmado entre la UOM y USEM, que otorga a esta empresa el control operativo y financiero del 80% de los aportes sindicales, a cambio de una comisión del 0,5% sobre una recaudación estimada en más de 100 millones de pesos mensuales. El acuerdo, de diez años de duración, incluye cláusulas que permitirían solo a la empresa rescindir el vínculo.

El operativo incluyó el ingreso de personal judicial y fuerzas de seguridad a las oficinas del sindicato, ubicadas en el barrio de Constitución, para secuestrar documentación relevante. La Justicia también solicitó información a la Inspección General de Justicia y a la Secretaría de Trabajo sobre la relación laboral de Calle con la UOM y los estados contables del gremio de los últimos cinco años.

Abel Furlán, por su parte, negó cualquier irregularidad y atribuyó la denuncia a una "operación de prensa" impulsada por sectores opositores en vísperas de la elección de la conducción nacional del sindicato. "No ha habido ningún perjuicio patrimonial ni desatención de los intereses de los afiliados, ni administración fraudulenta o desleal", afirmó en su presentación judicial.

La investigación se produce en un contexto de fuerte disputa interna en la UOM, con elecciones recientes en las seccionales y la inminente definición de la conducción nacional. Mientras tanto, la causa permanece en etapa preliminar y bajo secreto de sumario, sin imputaciones formales, pero con la recolección de pruebas en curso. El resultado de la pesquisa podría tener impacto en la interna sindical y en la imagen pública de la dirigencia gremial.