La justicia federal argentina intensificó la investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos, con allanamientos simultáneos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina. El operativo, ordenado por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se extendió durante varias horas debido a la resistencia de la empresa a entregar correos electrónicos y documentación digital. Los investigadores incautaron computadoras, celulares y abundante evidencia digital, mientras que se levantó el secreto bancario y fiscal de los principales involucrados, entre ellos los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

La causa se originó tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, en los que se describe un circuito de presuntos sobornos y se menciona directamente a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei, como su hermana Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. En el marco de los allanamientos, se encontraron USD 266.000 y $7 millones en efectivo en el vehículo de Emmanuel Kovalivker, mientras que en el domicilio de Jonathan Kovalivker se hallaron cajas fuertes vacías, lo que generó sospechas sobre la posible remoción apresurada de fondos.

El Gobierno reaccionó rápidamente, negando las acusaciones y calificando el caso como una "operación electoral" destinada a desestabilizar la gestión y afectar el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires. El vocero presidencial Manuel Adorni reconoció la gravedad de los hechos si los audios resultan auténticos y sugirió que las grabaciones se realizaron en la Casa Rosada, lo que incrementó la tensión interna en el oficialismo.

Por su parte, los empresarios Kovalivker solicitaron la nulidad del expediente, cuestionando la legalidad de los audios y la vulneración de la intimidad. Spagnuolo, quien designó abogados especialistas en derecho penal económico, evalúa presentarse como "arrepentido" en la causa. La fiscalía, en tanto, busca reconstruir la ruta de las presuntas coimas y examina contratos millonarios entre ANDIS y Suizo Argentina, que en menos de un año superaron los $54.000 millones.

Expertos en seguridad informática explicaron que los celulares incautados presentan dificultades técnicas para ser abiertos, lo que podría demorar el acceso a información clave. El caso sigue en pleno desarrollo, con nuevas medidas judiciales y una auditoría interna en ANDIS para analizar posibles irregularidades en la gestión de compras y contratos. El desenlace de la investigación podría tener implicancias significativas tanto en el ámbito judicial como político, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones y las disputas internas en el gobierno.