El Gobierno nacional oficializó este lunes la derogación del Decreto 515/2014, que designaba al historiador Norberto Félix Galasso como “Embajador de la Cultura Popular Argentina”, con rango y jerarquía de subsecretario. La medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, responde a la política de austeridad y revisión de cargos honoríficos en la administración pública.

El decreto original, emitido en abril de 2014 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, reconocía la trayectoria de Galasso en la investigación histórica revisionista y la divulgación cultural. Aunque el cargo no implicaba funciones operativas ni la creación de una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Cultura, sí contemplaba una remuneración mensual financiada con partidas específicas del presupuesto nacional.

La decisión de derogar el nombramiento se fundamenta en la necesidad de optimizar el funcionamiento del Estado y reducir gastos, según argumentó el Ejecutivo. “El proceso de evaluación de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones y entidades motivó la adopción de medidas orientadas a reducir el gasto y optimizar la utilización de los recursos públicos”, sostiene el texto oficial. El Gobierno subrayó la importancia de una gestión pública transparente, ágil y eficiente en la atención del bien común.

Norberto Galasso, de 89 años, es autor de más de cincuenta libros y referente del revisionismo histórico argentino. Su designación como Embajador de la Cultura Popular Argentina se inscribió en una política de reconocimiento institucional a figuras emblemáticas, como la actriz Isabel “La Coca” Sarli, quien ocupó el cargo previamente.

La derogación del decreto generó reacciones diversas en el ámbito cultural y académico. Mientras el Gobierno enfatiza la necesidad de eficiencia y austeridad, sectores culturales expresaron preocupación por lo que consideran un retroceso en el reconocimiento oficial a referentes históricos y sociales. El debate se centra en el rol del Estado en la promoción de la cultura popular y la legitimidad de figuras representativas financiadas con recursos públicos.

La medida, que entra en vigencia a partir de su publicación, marca un precedente respecto a futuros cargos honoríficos o de representación cultural en la administración estatal. En este contexto, se intensifica la discusión sobre la racionalización del gasto público y el impacto de estas decisiones en el ámbito cultural argentino.