El femicidio de Soledad Andino, ocurrido el pasado martes en la localidad de Victoria, Entre Ríos, ha generado una profunda conmoción en la comunidad y un fuerte reclamo social. La víctima, de 41 años, fue asesinada por su expareja, Diego Albornoz, quien había sido condenado por violencia de género apenas una semana antes, pero quedó en libertad debido a que la pena fue de ejecución condicional.

El crimen tuvo lugar en la madrugada del martes, cuando Albornoz ingresó a la vivienda de Andino rompiendo una ventana y la atacó con un cuchillo mientras dormía. Según informaron las autoridades, el agresor confesó el crimen a su actual pareja mediante una llamada telefónica y una fotografía del cuerpo de la víctima. Posteriormente, intentó suicidarse causándose heridas en el cuello y el pecho, y fue encontrado gravemente herido por la policía. Actualmente, se encuentra detenido en un hospital bajo custodia policial.

La víctima había denunciado a Albornoz en noviembre y diciembre de 2024 por amenazas, lesiones leves, daños y privación de la libertad. Estas denuncias derivaron en un juicio abreviado que culminó el 6 de mayo de 2025 con una condena de dos años y seis meses de prisión. Sin embargo, al tratarse de su primera condena y no contar con antecedentes penales, la pena fue de ejecución condicional, lo que permitió que Albornoz quedara en libertad.

El caso ha generado fuertes críticas hacia el sistema judicial y la Fiscalía de Victoria. Organizaciones sociales y feministas han señalado a la fiscal Flavia Villanueva como responsable indirecta del femicidio, acusándola de negligencia en el manejo del caso. En respuesta, la Fiscalía emitió un comunicado defendiendo su accionar y argumentando que actuaron dentro del marco legal y con las herramientas disponibles. Además, destacaron que la condena fue dictada con el conocimiento y consentimiento de la víctima.

La comunidad de Victoria, profundamente impactada por el crimen, suspendió los actos programados por el aniversario de su fundación. En tanto, la Asamblea Transfeminista de Victoria y otras organizaciones han convocado marchas para exigir justicia, la renuncia de la fiscal Villanueva y la declaración de emergencia en violencia de género. “Exigimos que se destinen todos los recursos necesarios para atender esta situación crítica”, manifestaron en un comunicado conjunto.

Este caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de las medidas de protección para víctimas de violencia de género y la necesidad de reformas en el sistema judicial. Soledad Andino contaba con un botón antipánico, pero no pudo activarlo al ser sorprendida mientras dormía. La tragedia pone en evidencia las falencias en la protección de las víctimas y la urgencia de implementar cambios estructurales para prevenir futuros femicidios.