La aerolínea low cost Flybondi atraviesa una de las peores crisis de su historia, tras más de nueve días consecutivos sin operar vuelos y la continuidad en la venta de pasajes a pesar de la paralización total de sus servicios. La situación afecta a miles de pasajeros, quienes denuncian la falta de información y la imposibilidad de obtener reembolsos por los vuelos cancelados.

Según datos de portales especializados, desde el 1 de julio la compañía no ha realizado vuelos comerciales, acumulando más de 2.000 cancelaciones en lo que va de 2026. La flota de Flybondi se redujo drásticamente, pasando de 19 aviones activos en enero a solo 3 en las últimas semanas. Además, la empresa enfrenta dos pedidos de quiebra y sanciones administrativas y provinciales por incumplimientos reiterados.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) inició un sumario administrativo en enero, pero no se han aplicado nuevas sanciones en los últimos meses. Provincias como Neuquén, Buenos Aires y Río Negro impusieron multas millonarias por la falta de información y el abandono de pasajeros. A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno nacional no ha intervenido para frenar la venta de pasajes ni para exigir explicaciones públicas a la empresa.

El caso tiene derivaciones políticas, ya que Guillermo Dietrich, exministro de Transporte y uno de los impulsores del modelo low cost, ve afectada su imagen y sus aspiraciones políticas. Sindicatos y opositores critican la falta de control estatal y la desregulación del sector aéreo, mientras que el gobierno de Javier Milei es señalado por su inacción ante la crisis.

La situación de Flybondi genera preocupación en el sector aeronáutico, que advierte sobre el impacto en la conectividad y la competencia. El desenlace de la crisis podría tener consecuencias de largo plazo para el mercado aéreo argentino y para la confianza de los usuarios en las compañías low cost.