Un episodio de violencia política conmocionó a la localidad entrerriana de Pueblo Brugo, donde el intendente Martín Ruiz fue agredido físicamente por el concejal Ariel Lemos, ambos integrantes del Partido Justicialista. El incidente ocurrió durante una reunión del Concejo Deliberante en la que se discutía la organización de una jineteada, evento tradicional de la zona.

Según relataron testigos y el propio intendente, la discusión se centró en la modalidad de cobro a los puesteros que participarán en la jineteada. Mientras Lemos proponía que el pago se realizara el viernes previo al evento, Ruiz defendía la opción de cobrar el mismo día de la actividad. La diferencia de criterios derivó en un cruce verbal que terminó con Lemos propinando un golpe de puño en el rostro del jefe comunal.

Ruiz, quien resultó con lesiones en la cabeza y debió recibir atención médica, relató: “Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara”. El intendente presentó una denuncia en la comisaría local y, según trascendió, Lemos también realizó una presentación judicial. El hecho ocurrió ante la presencia de todo el cuerpo deliberativo, que puede dar testimonio de lo sucedido.

Tras el incidente, la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos emitió un comunicado en el que expresó su “enérgico repudio al hecho de violencia del que fue víctima el intendente de Pueblo Brugo, Martín Ruiz, en el ejercicio de sus funciones”. El texto subraya que “ningún desacuerdo puede ni debe resolverse a través de la violencia” y llama a que las diferencias políticas se diriman mediante el diálogo y los mecanismos legales previstos por el sistema democrático.

Pueblo Brugo, recientemente elevado a la categoría de municipio, cuenta con una población de alrededor de 1.600 habitantes. Ruiz, primer intendente electo y reelegido en 2023, ha enfocado su gestión en el desarrollo local y la promoción de eventos como la jineteada, que tienen impacto en la economía y la vida social del pueblo.

El episodio generó preocupación en el ámbito político local y provincial, reavivando el debate sobre la necesidad de fortalecer la convivencia democrática y el respeto institucional en la gestión pública. El caso permanece bajo investigación judicial y se espera que en los próximos días se definan las responsabilidades y eventuales sanciones.