El empresario Fabricio Ángel Cattáneo fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, tras ser hallado penalmente responsable del delito de lesiones doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su entonces esposa, la abogada Irene Lozano. La sentencia, dictada por el juez Hernán Decastelli, se basó en la declaración de 22 testigos, pruebas médicas y pericias psicológicas que confirmaron un contexto de violencia prolongado durante años.

Según el fallo, los hechos probados incluyen dos episodios de agresión física ocurridos en 2015 y 2017, además de un patrón sostenido de control psicológico, aislamiento y hostigamiento. El juez destacó que el testimonio de la víctima fue "profuso" y coherente, y que fue ampliamente corroborado por familiares, amigas, profesionales de la salud y personas de su entorno laboral. Las pericias psicológicas determinaron que Lozano sufrió un daño psíquico grave, compatible con una relación marcada por un ciclo de violencia progresivo.

La sentencia también valoró la documentación clínica, que registró lesiones físicas recientes y compatibles con los episodios denunciados. El juez descartó la versión exculpatoria de Cattáneo, quien alegó haber sido víctima de agresiones y amenazas, por considerar que no contaba con respaldo probatorio suficiente. "La mayoría de los agresores ejercen la violencia cuando nadie puede verlos", sostuvo Decastelli, subrayando la importancia de la prueba objetiva en estos casos.

Como resultado, Cattáneo fue condenado a una pena de prisión condicional, lo que implica que no irá a la cárcel salvo que incumpla las reglas de conducta impuestas por la Justicia. La defensa, a cargo del abogado Juan Di Nardo, anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, argumentando que la valoración de la prueba debe ser revisada por un tribunal superior.

El caso fue seguido de cerca por organizaciones que luchan contra la violencia de género y podría sentar precedente en la jurisprudencia local. El juez remarcó que las consecuencias de la violencia ejercida trascendieron las lesiones físicas, afectando gravemente la vida personal, laboral y social de la víctima. La resolución fue celebrada por los representantes legales de Lozano y por sectores que promueven la erradicación de la violencia de género en Argentina.