El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una controversia tras su viaje a Nueva York en el avión presidencial junto a su esposa, Bettina Angeletti, durante la Argentina Week. La presencia de Angeletti en la comitiva oficial fue revelada por una fotografía difundida en redes sociales, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y motivó pedidos de informes por parte de la oposición en el Congreso.

Adorni defendió su accionar en declaraciones a diversos medios, asegurando que tanto los gastos de su esposa como los suyos fueron cubiertos de manera privada. "El Estado no gasta nada en ella ni en mí", afirmó, y explicó que Angeletti tenía previsto viajar por su cuenta, pero modificó su agenda para acompañarlo. Sin embargo, no pudo precisar por qué finalmente ocupó un asiento en el vuelo oficial. El funcionario también minimizó la polémica, atribuyéndola a "mentiras, fake news e imágenes trucadas con inteligencia artificial".

La polémica se intensificó cuando se conoció que Adorni y su familia viajaron en febrero a Punta del Este en un jet privado, acompañado por el periodista Marcelo Grandio. Las versiones sobre el financiamiento de ese vuelo fueron contradictorias: mientras Grandio aseguró inicialmente que Adorni pagó el viaje, luego afirmó que "cada uno pagó su parte". La falta de documentación respaldatoria alimentó las dudas sobre el origen de los fondos.

El diputado Esteban Paulón denunció posibles delitos como malversación de fondos y abuso de autoridad, señalando que el decreto 712/2024 prohíbe el uso de aeronaves oficiales para actividades no vinculadas al ejercicio del gobierno. "El Estado no tiene un mecanismo para dividir los gastos de un vuelo oficial entre particulares", advirtió Paulón.

Desde el oficialismo, voceros argumentaron que la comitiva fue amplia debido a la importancia del evento y que los gastos de algunos funcionarios fueron cubiertos por empresas estatales o por los propios interesados. El episodio ocurre en un contexto de ajuste fiscal y demandas de mayor transparencia en el uso de recursos públicos, y reaviva el debate sobre la ética en la función pública y la gestión de los viajes oficiales.

La controversia también expuso tensiones internas en el gobierno y fue aprovechada por sectores opositores para exigir explicaciones y mayor control sobre el uso de bienes del Estado. El desenlace del caso podría tener implicancias en futuras regulaciones y en la percepción pública sobre la administración de Javier Milei.