El conflicto salarial entre el Gobierno de Santa Cruz y las fuerzas de seguridad provinciales se mantiene sin resolución, tras el rechazo de la última propuesta de aumento presentada por el Ejecutivo. Policías, bomberos y personal penitenciario continúan con la retención de servicios y han convocado a una marcha provincial para este jueves, en reclamo de una recomposición salarial que consideran urgente y necesaria.

El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, detalló que la oferta oficial contemplaba un incremento que llevaría el salario de un agente a más de 1.530.000 pesos y el de un sargento a 2.117.000 pesos, con impacto en el aguinaldo y mejoras en los códigos operativos. Sin embargo, los representantes de los trabajadores rechazaron la propuesta, argumentando que resulta insuficiente y criticando la inclusión de conceptos no remunerativos en algunas alternativas.

El gobernador Claudio Vidal, por su parte, reconoció la legitimidad del reclamo y subrayó el esfuerzo realizado por la provincia para sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos en un contexto de caída de recursos y crisis económica nacional. "El reclamo es justo. Nadie puede desconocer la difícil situación económica que atraviesa el país y que los salarios muchas veces no alcanzan", afirmó Vidal, quien además gestiona un adelanto de coparticipación nacional para afrontar el aumento solicitado.

Vidal también denunció la existencia de intereses políticos detrás de la protesta y aseguró que la Fiscalía de Estado investiga la posible intervención de sectores con fines electorales. "Hay intereses políticos y sectores de la política que trabajan en conjunto con algunos voceros y hoy es materia de investigación", sostuvo el mandatario.

Mientras tanto, la expectativa se centra en la próxima reunión de la Mesa del Salario, prevista para este viernes, donde se espera que el Gobierno presente una nueva propuesta. Los trabajadores, por su parte, advierten que podrían endurecer las medidas si no se logran avances significativos.

El conflicto, que afecta a unas 6.600 personas, se desarrolla en un contexto de demandas históricas por actualización salarial y participación en la toma de decisiones, en una provincia que enfrenta serias dificultades financieras y busca alternativas para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.