Las transferencias automáticas de recursos nacionales a las provincias argentinas registraron en marzo de 2026 una caída real del 4,3% respecto al mismo mes del año anterior, según informes de organismos como el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y Politikón Chaco. Esta baja, que se suma a una tendencia descendente de ocho meses consecutivos, profundiza la crisis fiscal de los gobiernos provinciales y reaviva el debate sobre el federalismo fiscal en el país.

El descenso en la coparticipación se explica principalmente por la menor recaudación de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA), que representan el 94% de la masa coparticipable. En marzo, Ganancias cayó un 12,7% real interanual y el IVA un 4%, cifras que reflejan el impacto del ajuste fiscal, la contracción del consumo y los cambios en el esquema de anticipos empresariales. Aunque el monto nominal transferido creció un 26,4% respecto a 2025, la inflación estimada en 3% mensual licuó el poder adquisitivo de los fondos.

El impacto no fue homogéneo: Salta fue la única provincia con un leve incremento real (+0,4%), mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sufrió la mayor caída (-7,2%), seguida por Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras jurisdicciones. En el acumulado del primer trimestre, todas las provincias registraron números negativos, con una contracción real del 6,4% en el total de transferencias.

La situación llevó al gobierno nacional a habilitar adelantos de coparticipación para 12 provincias, por hasta $400 mil millones, con el objetivo de evitar que recurran al endeudamiento externo. Sin embargo, este mecanismo selectivo generó cuestionamientos sobre la equidad y la discrecionalidad en la distribución de fondos.

En paralelo, provincias como La Pampa reclaman deudas pendientes de la Nación, mientras que otras, como Neuquén, buscan alternativas para sostener sus finanzas ante la caída de recursos y la ausencia de obra pública nacional. El régimen de coparticipación, vigente desde 1988 y nunca actualizado tras la reforma constitucional de 1994, muestra limitaciones para responder a la actual crisis económica.

El debate sobre la coparticipación trasciende lo técnico y se instala como un desafío estructural y político, en un contexto donde la caída de la recaudación y la inflación amenazan la capacidad de las provincias para sostener servicios y desarrollo.