La investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la droguería Suizo Argentina S.A. tomó un giro decisivo tras los allanamientos realizados el viernes en Nordelta y otros puntos de Buenos Aires. Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería, fue interceptado por la policía mientras circulaba en su vehículo, donde se hallaron U$S 266.000 y $7.000.000 distribuidos en sobres con anotaciones numéricas. Según fuentes judiciales, los sobres contenían cifras, pero no nombres identificables, lo que complica la individualización de posibles destinatarios de los fondos.

El operativo, ordenado por el fiscal federal Franco Picardi y autorizado por el juez Sebastián Casanello, incluyó la incautación de documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares y agendas personales. En la sede de Andis, los investigadores secuestraron seis solicitudes de gestión de pagos y un documento que acredita pagos a Suizo Argentina por más de $10.800 millones. La hipótesis de la fiscalía apunta a una estructura de corrupción que involucraría a funcionarios públicos y empresarios privados, con el objetivo de favorecer la comercialización de medicamentos a cambio de sobornos.

El caso se originó tras la filtración de audios del exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos movimientos irregulares y se vincula al entorno presidencial. Ante la polémica, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a defender al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, señalando que "están siendo atacados de forma salvaje e injusta" y poniendo en duda la autenticidad de los audios. Francos calificó el caso como una "operación política" y aseguró que el Gobierno confía en la resolución judicial.

La familia Kovalivker, propietaria de Suizo Argentina, es conocida por su vida de lujo y su participación en campañas políticas, lo que añade un componente de interés público al caso. Los allanamientos revelaron no solo la magnitud de los fondos incautados, sino también el nivel de vida de los involucrados, con autos de colección y propiedades de alto valor. La investigación continúa, y la sociedad exige transparencia y esclarecimiento de los hechos, mientras se espera que la justicia determine la trazabilidad de los fondos y la posible responsabilidad de los implicados.

El caso podría tener implicancias significativas en la credibilidad del gobierno y el sector privado, en un contexto de creciente preocupación por la corrupción en la administración pública y el sector farmacéutico.