El Gobierno argentino adjudicó la primera concesión privada de la Ruta del Mercosur, en el marco de la Red Federal de Concesiones (RFC), un proyecto que busca transformar la gestión vial nacional. La medida, oficializada mediante la Resolución 80/2025, implica la explotación, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas estratégicas, que ahora estarán a cargo de empresas privadas sin subsidios estatales.

El Tramo Oriental fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., mientras que el Tramo Conexión quedó en manos de un consorcio integrado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. Estos corredores atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y son fundamentales para la integración comercial con Brasil y Uruguay. Los valores ofertados para los peajes serán de $3.563,45 y $3.385,80 respectivamente, aunque se mantendrán en $2.000 hasta que se completen las mejoras exigidas en la infraestructura vial.

La Secretaría de Transporte informó que los concesionarios deberán garantizar la transitabilidad óptima antes de aplicar los nuevos valores de peaje. "Hasta que las rutas no tengan transitabilidad óptima, en cuanto a estado de calzada, iluminación, señalética, seguridad, etc., cobrarán el peaje actual", explicaron fuentes oficiales. Este incentivo busca acelerar las obras y mejoras en los tramos adjudicados.

El corredor del Mercosur conecta cuatro pasos fronterizos y el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, facilitando el acceso a puertos y polos productivos del Gran Rosario. El plan oficial contempla la privatización progresiva de hasta 9.342 kilómetros de rutas, lo que representa el 20% de la red vial nacional y concentra el 80% del tránsito. En etapas posteriores, se sumarán nuevos tramos mediante licitaciones nacionales e internacionales, como los 1.800 kilómetros anunciados en la Etapa II del programa.

El modelo anterior, gestionado por la empresa estatal Corredores Viales, dependía de aportes del Tesoro nacional y presentaba déficit operativo. Según datos oficiales, la empresa contaba con 3.307 empleados y cerró el primer semestre con un superávit de $5.200 millones, aunque recibió transferencias estatales para sostener su operación. El Gobierno planea disolver Corredores Viales una vez que se complete la adjudicación de todos los caminos bajo su control.

El nuevo esquema, que prescinde de subsidios públicos, busca atraer inversiones privadas y mejorar la calidad del servicio vial. El sector privado valora el esquema de financiamiento y garantías ofrecidas para las inversiones, mientras que fuentes oficiales destacan que los usuarios verán mejoras concretas antes de los aumentos de peaje. El proceso marca un cambio estructural en la política de concesiones viales y es considerado clave para potenciar la logística exportadora y la integración regional.