Un escándalo político sacude a La Libertad Avanza (LLA) en la última semana de campaña electoral, luego de que documentos oficiales de Estados Unidos confirmaran que Lorena Villaverde, actual diputada nacional y candidata a senadora por Río Negro, fue detenida en 2002 en Florida por presunto intento de compra de un kilo de cocaína. La noticia, difundida por medios nacionales y el canal A24, generó una ola de repercusiones en el Congreso y dentro del propio oficialismo.

Según las actas oficiales estadounidenses, Villaverde fue arrestada en un operativo en Sarasota, Florida, y desde entonces tiene prohibido el ingreso a ese país. Aunque la legisladora negó públicamente haber estado presa por narcotráfico, admitió en privado a colegas y aliados que no puede obtener la visa estadounidense. "Que una diputada nacional haya estado detenida en EEUU por narcotráfico genera una incompatibilidad ética y política inviable y el Congreso no puede permitir esto", declaró el senador Facundo Manes, quien junto a otros legisladores pidió la expulsión de Villaverde de la Cámara baja.

El caso se agravó cuando se supo que Villaverde mostró en el Congreso un certificado de antecedentes penales argentino, omitiendo los antecedentes en el extranjero. Además, realizó un narcotest público con resultado negativo, intentando despejar dudas sobre su relación con el consumo de drogas, aunque las acusaciones se centran en el presunto tráfico y no en el consumo.

El escándalo se produce en un contexto de alta sensibilidad política, tras la reciente renuncia de José Luis Espert a su candidatura por vínculos con un presunto narcotraficante. La situación de Villaverde afecta la imagen de LLA y reaviva el debate sobre la transparencia y la ética en la política argentina. Mientras tanto, el oficialismo evalúa pedirle la renuncia a su candidatura, aunque Villaverde mantendría su banca como diputada nacional.

El futuro político de Villaverde permanece incierto, en medio de presiones internas y externas, y a pocos días de unas elecciones legislativas clave para el gobierno de Javier Milei. El caso pone en el centro de la escena la necesidad de controles más estrictos sobre los antecedentes de los candidatos y la responsabilidad ética de los representantes públicos.