Veinticuatro policías bonaerenses fueron apartados preventivamente de sus cargos tras una denuncia anónima que los vinculaba con actividades políticas prohibidas y una supuesta conspiración para favorecer al candidato de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko. La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad bonaerense, generó un fuerte cruce político entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno nacional, encabezado por Patricia Bullrich.

La denuncia, recibida por la Auditoría General de Asuntos Internos, incluía audios, capturas de pantalla y chats de WhatsApp que, según la investigación, habrían sido elaborados desde computadoras oficiales. El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la causa, señaló que si bien no se hallaron pruebas de una conspiración, sí se detectaron posibles delitos como malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario. "No se echó a nadie, hay una desafección. Significa que pasan a disponibilidad y dejan sus cargos para poder investigarlos. No por su simpatía política. Nunca perseguimos a nadie por lo que piensa, lo que está claro es que no pueden desarrollar una acción política partidaria. Eso está prohibido", explicó el ministro bonaerense Javier Alonso.

Desde el Ministerio de Seguridad nacional, en cambio, se denunció persecución ideológica, espionaje ilegal y abuso de autoridad. "De un día para el otro los dejaron sin trabajo, sin credencial, todo por una foto en un asado", relataron allegados a Bondarenko. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, respaldó públicamente a los oficiales desplazados y acusó al gobierno provincial de politizar la fuerza.

El caso se da en un contexto de alta tensión política, a pocas semanas de las elecciones legislativas en la provincia. La Bonaerense, históricamente señalada por su politización, vuelve a estar en el centro de la escena. Marcelo Saín, exministro de Seguridad de Santa Fe, opinó que "la Bonaerense siempre fue una policía extremadamente politizada" y criticó la difusión del caso, que a su juicio le dio relevancia a un candidato "sin incidencia real en la fuerza".

Por el momento, la Justicia continúa investigando posibles faltas administrativas, mientras la controversia política promete seguir alimentando el debate en plena campaña electoral.