El juicio oral por la causa conocida como "Cuadernos de las Coimas" continúa su desarrollo en Buenos Aires, con el Tribunal Oral Federal N°7 a cargo de las audiencias. El proceso, que involucra a 85 imputados entre exfuncionarios y empresarios, expone un presunto sistema de recaudación ilegal de dinero a través de la cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015, bajo la supuesta dirección de Néstor y Cristina Kirchner.

Durante las últimas jornadas, se han leído los requerimientos de elevación a juicio, los descargos de los imputados y los acuerdos de colaboración. Testimonios clave, como los de José López, Carlos Wagner y Ernesto Clarens, han permitido reconstruir el mecanismo de recaudación y distribución de fondos, con pagos que, según estimaciones, alcanzaron hasta 30 millones de dólares. Los empresarios involucrados reconocieron haber realizado pagos ilegales a cambio de beneficios en la adjudicación de obras públicas, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía aportan pruebas documentales y testimoniales que refuerzan la acusación.

Cristina Kirchner, señalada como figura central en la organización, niega los cargos y denuncia una persecución judicial carente de pruebas. Su defensa ha reclamado la flexibilización del régimen de visitas en su prisión domiciliaria y ha intentado recusar a los jueces del tribunal por presunta parcialidad, aunque el planteo fue rechazado. Julio De Vido, otro de los principales acusados, también presentó recursos contra los magistrados, argumentando que ya han emitido opinión sobre el acervo probatorio en causas conexas.

Las audiencias se realizan tanto en Comodoro Py como de manera virtual, y se discute la posible mudanza a la Sala AMIA para facilitar la presencia de los participantes. Los pagos ilegales, según las declaraciones y los cuadernos de Oscar Centeno, se realizaban en lugares como baños y hoteles, y eran distribuidos entre funcionarios y empresarios mediante un sistema aceitado y jerarquizado.

El caso se conecta con otras investigaciones de corrupción y lavado de dinero, como la causa Muñoz, y representa uno de los procesos judiciales más grandes en la historia argentina, con profundas implicaciones políticas y económicas. El debate público se intensifica ante la magnitud del caso y sus consecuencias para la política nacional y la transparencia en la obra pública.