Dos hermanas de Bahía Blanca fueron imputadas por la Justicia tras ser acusadas de comercializar un suplemento dietario para adelgazar que contenía sustancias peligrosas y era promocionado en redes sociales con un sello falso de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La investigación, iniciada por una denuncia de la propia ANMAT, determinó que el producto, denominado “Quemador Natural Viking’s Natural Gym”, era vendido como seguro y autorizado, aunque los análisis confirmaron la presencia de mazindol, un estimulante prohibido, e hidroclorotiazida, un diurético de uso controlado.

Durante los allanamientos realizados en diciembre y febrero, la Policía Federal secuestró 87 frascos del suplemento, teléfonos celulares y documentación relevante. A pesar de la primera intervención, la comercialización continuó, lo que motivó nuevas medidas judiciales. Cuatro compradores entrevistados por la fiscalía reportaron efectos adversos como taquicardia, migrañas intensas, retención de líquidos y desvanecimientos tras consumir el producto. Todos entregaron los envases, que llevaban la inscripción falsa de autorización de ANMAT.

La principal acusada, Virginia Ramos, enfrenta cargos por comercialización de sustancias medicinales peligrosas y uso de sello oficial falsificado, delitos que contemplan penas de hasta 10 años de prisión. Su hermana, Valeria Ramos, fue imputada como partícipe secundaria, aunque sostiene que solo funcionó como punto de entrega y no participó en la venta. “Ella vendía los quemadores, yo solo los entregaba”, declaró en una entrevista radial, y agregó que desde enero no mantiene contacto con su hermana.

La jueza María Gabriela Marrón impuso restricciones a las acusadas, como la prohibición de salir del país, el uso de redes sociales y la obligación de presentarse periódicamente ante la Policía Federal. La defensa argumentó desconocimiento de la disposición que prohíbe el producto y cuestionó la legalidad de uno de los allanamientos, aunque la jueza validó la medida.

Las autoridades sanitarias y judiciales advirtieron sobre los riesgos del consumo de suplementos no autorizados y recomendaron a la población abstenerse de adquirir productos similares. La causa continuará bajo investigación durante los próximos 60 días hábiles, con la posibilidad de identificar a más afectados y eventuales nuevos implicados en la red de comercialización.