La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una de las investigaciones judiciales más graves de su historia reciente, con su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino en el centro de acusaciones por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y desvío de fondos. La causa, que involucra a empresas y personas vinculadas al fútbol, ha derivado en múltiples allanamientos y el secuestro de bienes de lujo.

La investigación se intensificó tras el allanamiento de una mansión en Pilar, formalmente propiedad de Real Central SRL, donde la Justicia halló 54 vehículos de alta gama, un bolso con el nombre de Toviggino y una placa conmemorativa. Según los expedientes, los titulares de la empresa no tendrían la capacidad económica para justificar la adquisición y mantenimiento de la propiedad, lo que refuerza la hipótesis de la utilización de testaferros.

El Gobierno nacional denunció evasión por más de 7.000 millones de pesos, mientras que la Justicia investiga operaciones sospechosas por al menos 6.000 millones. Empresas como Sur Finanzas y Real Central SRL, con vínculos directos con la AFA, están bajo la lupa por su rápido crecimiento y su rol en la adquisición de bienes y contratos millonarios.

El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y deportivo. Legisladores y denunciantes han solicitado que el juez Daniel Rafecas, apartado de la causa, retome la investigación, argumentando que el cambio de jurisdicción podría afectar el avance del expediente. La AFA, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso específico, aunque sí se pronunció sobre otros allanamientos previos.

Analistas y medios coinciden en que el escándalo expone la falta de transparencia y la concentración de poder en la dirigencia del fútbol argentino. El modelo de gestión de la AFA, criticado por su opacidad, ha sido señalado como un ejemplo de cómo los intereses corporativos pueden prevalecer sobre la rendición de cuentas y la vocación de servicio.

Mientras la investigación avanza, el caso amenaza con tener consecuencias de largo alcance para la imagen y el funcionamiento del fútbol argentino, en un contexto de creciente demanda social por mayor transparencia y control institucional.