Desde el 2 de junio de 2025, los comercios en Argentina ya no están obligados a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Esta medida, oficializada mediante el Decreto 149/2025, transforma estos pagos en voluntarios, marcando un cambio significativo en las obligaciones económicas de los empleadores.

El INACAP, creado en 2008, recaudaba aproximadamente $70.000 millones anuales mediante un esquema que obligaba a los empleadores a pagar el 0,5% del salario inicial de la categoría Maestranza A, equivalente a $4725 por empleado. Este aporte era exigido incluso si los trabajadores no participaban en cursos de capacitación. La norma, que fue publicada en marzo y entró en vigor tras un período de adaptación de 90 días, prohíbe que las convenciones colectivas impongan cargas económicas a empleadores no afiliados a cámaras empresariales.

La medida fue celebrada por comerciantes y distribuidores mayoristas, quienes consideran que reducirá costos laborales y eliminará lo que calificaron como un "impuesto privado". En un comunicado, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) destacó que la reforma representa un cambio significativo en las obligaciones de los empleadores y criticó la falta de rendición de cuentas públicas sobre el uso de los fondos recaudados por el INACAP.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó la decisión y la calificó como un avance hacia la libertad económica. "El Decreto 149/25 transformó en voluntarios los aportes a cámaras empresarias: una suerte de impuestos privados colados en las convenciones colectivas", afirmó en sus redes sociales. Según Sturzenegger, la reforma también alcanza a sectores como la industria metalúrgica, avícola, turismo, gastronomía y servicios de limpieza.

Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre las cámaras empresariales, como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Estas entidades argumentan que los fondos del INACAP eran esenciales para la capacitación y sostenimiento de gremiales empresarias, especialmente en el caso de las pymes que dependen de estos recursos para acceder a formación profesional.

Rubén Palau, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), señaló que la eliminación de los aportes obligatorios podría desarticular algunas cámaras empresariales y dificultar el acceso a capacitación para las pymes. "Para algunas pymes será un alivio dejar de pagar este aporte debido a la difícil situación existente, pero muchas cámaras no podrán volcar esos recursos en capacitación", reflexionó.

En este contexto, algunos empresarios han pedido que la reforma se consolide por ley para evitar su reversión en el futuro. Mientras tanto, expertos advierten sobre el impacto en la capacitación de pymes y la posible desarticulación de gremiales empresarias.

La eliminación de los aportes obligatorios al INACAP marca un cambio estructural en las relaciones laborales y económicas en Argentina, con implicaciones tanto positivas como negativas para diferentes actores del sector. La medida forma parte de una agenda liberal impulsada por el gobierno de Javier Milei, que busca reducir costos y desregular el mercado laboral.