El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Presupuesto 2026, tras su aprobación definitiva en el Senado el pasado 26 de diciembre. La normativa, considerada clave para la administración de Javier Milei, fue respaldada por 46 senadores y rechazada por 25, en una sesión marcada por intensos debates sobre la asignación de recursos y el ajuste fiscal.

El Presupuesto 2026 proyecta un resultado financiero positivo de $226.469 millones, en contraste con los déficits de años anteriores. La mayor parte del gasto estará destinada a servicios sociales, con $106,5 billones, mientras que la deuda pública y los servicios económicos recibirán $14,1 y $11,4 billones respectivamente. El texto también establece restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, salvo en áreas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.

Uno de los puntos más controvertidos fue la eliminación de la garantía legal de destinar el 6% del PBI a educación, así como otros pisos para ciencia y técnica. Esta medida generó fuertes críticas de rectores universitarios, gobernadores y sectores de la oposición, quienes advirtieron sobre el impacto negativo en la calidad educativa y el funcionamiento de las universidades públicas. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, calificó la decisión como "incomprensible" y cuestionó el voto de los senadores santafesinos que apoyaron el ajuste.

En el sector agropecuario, el presupuesto refleja un ajuste selectivo: la Secretaría de Agricultura tendrá un 10,9% menos de recursos que en 2025, mientras que organismos como el INTA y el Senasa verán incrementos en sus partidas, destacándose el superávit proyectado para este último. El Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura mantendrán presupuestos similares al año anterior, con leves variaciones.

Además, se promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, que eleva los montos a partir de los cuales se considera delito tributario y reduce los plazos de prescripción de deudas impositivas. La norma también introduce un régimen simplificado de ganancias y un mecanismo de "perdón" para contribuyentes que regularicen su situación.

La aprobación del presupuesto profundizó divisiones políticas, especialmente dentro del radicalismo y en provincias como Santa Fe, donde se cuestionó la falta de fondos para obras públicas y el ajuste en educación. El Gobierno defiende la medida como parte de una estrategia para reducir el déficit y mejorar la eficiencia del gasto, mientras que críticos advierten sobre el riesgo de deterioro en áreas sensibles como la educación y la ciencia. El debate sobre la asignación de recursos y la calidad de la gestión pública promete continuar en los próximos meses, en un contexto de demandas sociales y desafíos económicos.