Una tragedia sacudió la frontera entre Argentina y Bolivia cuando una niña de cuatro años fue llevada sin vida al hospital de San José de Pocitos, en Yacuiba, por su propio padre. Al confirmarse el fallecimiento de la menor, el hombre, identificado como Juan Marcelo Robles, de 30 años y nacionalidad argentina, se quitó la vida de un disparo en la cabeza dentro del centro de salud, ante la presencia de médicos y pacientes.

La autopsia realizada a la niña, identificada por sus iniciales M.R.V., reveló que la causa de muerte fue una anoxia encefálica por asfixia mecánica, producto de compresión torácica y abdominal. Además, los peritos detectaron múltiples lesiones en el cuerpo de la menor, algunas de larga data, compatibles con episodios de violencia que podrían haberse extendido durante semanas o meses. "Los signos que presenta el cuerpo de la menor no son actuales, son signos antiguos, de semanas, de meses. No es un solo signo, son varios", detalló el coronel Ever Cosio, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Yacuiba.

La investigación, ahora en manos del Ministerio Público de Bolivia y en coordinación con fuerzas argentinas, busca reconstruir las horas previas al deceso y el contexto familiar en el que vivía la niña. Se sospecha que la muerte ocurrió en Salvador Mazza, Salta, y que el padre trasladó el cuerpo a Bolivia. La autopsia estableció que la menor llevaba entre 12 y 14 horas muerta al momento del examen, lo que refuerza la hipótesis de un traslado posterior al fallecimiento.

El entorno familiar es objeto de análisis, ya que la madre de la menor estaría detenida en Bolivia por otra causa y también quedó bajo investigación. Las autoridades remarcan la importancia de que la sociedad denuncie situaciones sospechosas para evitar tragedias similares. "Es muy importante que como ciudadanos hagan conocer a las autoridades este tipo de situaciones para evitar llegar a estos extremos", advirtió Cosio.

El caso ha generado conmoción en la región y reavivó el debate sobre la protección de la infancia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia en contextos familiares vulnerables.