El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 y uno de los magistrados que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, fue visto el viernes ingresando a las dependencias de la Policía Federal en la intersección de Figueroa Alcorta y Cavia, en la ciudad de Buenos Aires. La visita se produjo en un contexto de intensos rumores sobre una inminente decisión de la Corte Suprema que podría confirmar la sentencia contra la expresidenta, lo que reavivó las especulaciones sobre los próximos pasos judiciales y políticos.

Gorini, quien preside el tribunal que dictó la condena a seis años de prisión para Fernández de Kirchner a fines de 2022, sería el encargado de hacer efectiva la detención en caso de que la Corte Suprema ratifique el fallo. Según fuentes judiciales, la visita del magistrado a la sede policial, que alberga tanto servicios médicos como áreas de detención, generó suspicacias respecto de posibles preparativos ante un fallo adverso para la exmandataria.

En paralelo, la Corte Suprema rechazó recientemente la recusación presentada por la defensa de Fernández de Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti, en el marco de la causa Vialidad. Esta decisión se conoció pocos días después de que la expresidenta confirmara su candidatura en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas.

De confirmarse la condena, el expediente volvería al Tribunal Oral Federal 2 para la ejecución de la pena. Por su edad, Fernández de Kirchner podría acceder al beneficio del arresto domiciliario, aunque inicialmente debería presentarse en una dependencia policial para los trámites correspondientes. El antecedente de María Julia Alsogaray, quien estuvo detenida en la misma sede en 2003, fue recordado en los medios como referencia de las condiciones de detención en ese lugar.

El movimiento judicial ocurre en un momento de alta tensión política, con la expresidenta en el centro de la escena tras confirmar su candidatura y mantener reuniones estratégicas con dirigentes bonaerenses. Mientras tanto, sectores políticos y mediáticos debaten las posibles repercusiones institucionales y electorales de una eventual detención de Fernández de Kirchner, mientras su defensa continúa presentando recursos y denunciando persecución política.