La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra en el centro de una crisis política y social tras la filtración de audios que involucran a funcionarios de alto rango en presuntos casos de corrupción. Los audios, atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la institución, mencionan a Karina Milei y otros allegados al presidente Javier Milei en un supuesto esquema de coimas vinculado a la compra de medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad.

En paralelo, el gobierno nacional ha impulsado una serie de auditorías sobre más de un millón de pensiones no contributivas por discapacidad, con el objetivo de revisar y dar de baja aquellas consideradas "mal entregadas". Según datos oficiales, más de 111.000 pensiones han sido suspendidas, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de beneficiarios, familiares y organizaciones del sector. Las protestas se han multiplicado en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades, con denuncias de vaciamiento institucional y cierre de centros de atención.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, han defendido el ajuste argumentando un crecimiento "irregular" en el número de beneficiarios, mientras que organizaciones civiles y la Defensoría del Pueblo cuestionan la legalidad y transparencia del proceso. "Limitar la medida cautelar a la provincia de Formosa genera un régimen de desigualdad territorial inadmisible", expresó Guido Lorenzino, titular de la Defensoría bonaerense, en referencia a la suspensión de pensiones.

El Senado debate actualmente el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en medio de una crisis que, según especialistas, no tiene precedentes en el país. El sistema argentino de discapacidad, considerado uno de los más avanzados de la región, enfrenta riesgos de desmantelamiento y pérdida de cobertura para miles de personas. El escándalo ha impactado negativamente en la imagen del gobierno y ha abierto un intenso debate legislativo y judicial sobre la protección de derechos y la transparencia en la gestión pública.

La situación se desarrolla en un contexto de recesión económica y caída de la confianza en el Ejecutivo, mientras la sociedad exige respuestas claras y la restitución de derechos para las personas con discapacidad.