El Gobierno argentino ha oficializado un aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que comenzará a regir desde el domingo 1 de junio de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 368/2025, establece un incremento parcial del 1% en los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio de YPF.

Según fuentes oficiales, el ajuste busca compensar actualizaciones tributarias postergadas desde 2021. En esta oportunidad, solo se aplicará parcialmente el ajuste correspondiente al primer trimestre de 2024, mientras que el impacto total de las actualizaciones pendientes se trasladará al mes de julio. Este esquema escalonado tiene como objetivo mitigar el impacto en los precios y la inflación.

YPF, la principal petrolera del país, anunció que trasladará proporcionalmente esta carga impositiva al valor en surtidor. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los nuevos precios serán: el litro de nafta súper pasará de $1173 a $1184, el de premium de $1389 a $1403, el gasoil de $1178 a $1190 y el euro de $1360 a $1374.

La empresa justificó la medida señalando que mantiene su política de fijación de precios en función de un "acuerdo honesto con los consumidores", basado en el monitoreo permanente de cuatro variables clave: el precio internacional del petróleo, la cotización del dólar, el costo de los biocombustibles y los impuestos nacionales.

El impacto fiscal de esta medida se estima en más de USD 200 millones mensuales, según la consultora Economía y Energía. En un contexto de inflación y ajustes tributarios escalonados, el Gobierno busca equilibrar las finanzas públicas sin generar un aumento abrupto en los precios.

Por otro lado, sindicatos de trabajadores de estaciones de servicio han expresado su preocupación por la seguridad y calidad del servicio, especialmente en el marco de la implementación de sistemas de autodespacho de combustible en algunas localidades.

La medida también ha generado reacciones diversas entre analistas y consumidores. Mientras algunos ven el ajuste como un paso necesario para actualizar las finanzas públicas, otros critican su impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. En cualquier caso, el aumento en los precios de los combustibles marca un nuevo capítulo en la política económica del país, con implicaciones que se extenderán más allá del corto plazo.