El Gobierno nacional oficializó este martes una profunda reforma en la Policía Federal Argentina (PFA) a través del Decreto 383/2025, que redefine el rol de la fuerza y le otorga nuevas facultades para la prevención e investigación de delitos complejos. Entre los cambios más destacados, la PFA podrá realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial en casos justificados, una medida que generó preocupación entre organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad.

La reforma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, busca transformar a la PFA en una agencia de investigaciones federales, inspirada en el modelo del FBI estadounidense. Según fuentes oficiales, la fuerza se enfocará en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito, dejando de lado su tradicional función de policía urbana, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la seguridad quedó a cargo de la [Policía de la Ciudad](/entities/entity_1744827082681_744).

El nuevo estatuto permite a la PFA realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, como redes sociales y sitios web abiertos, sin necesidad de autorización judicial. No obstante, el Gobierno asegura que estas actividades deberán respetar la protección de datos personales, la libertad de expresión y la privacidad de las personas. Además, la fuerza podrá efectuar requisas personales y vehiculares sin orden judicial si existen circunstancias objetivas que lo justifiquen, y detener a personas hasta por diez horas si no pueden acreditar su identidad y hay sospecha fundada de delito.

Estas facultades han sido cuestionadas por exfuncionarios y abogados de derechos humanos, quienes advierten sobre el riesgo de arbitrariedad y afectación de garantías constitucionales. "No esperar la orden judicial es una arbitrariedad pura", afirmó la exministra de Seguridad Sabina Frederic. Por su parte, la abogada María del Carmen Verdú consideró que el decreto implica "un verdadero cambio de régimen con la destrucción de los derechos y garantías".

El Gobierno, en cambio, sostiene que la reforma es necesaria para modernizar la fuerza y adaptarla a las nuevas realidades del crimen, incorporando tecnología avanzada y formación universitaria para los agentes. La medida se da en un contexto de creciente polarización política y tras fallos judiciales de alto impacto, lo que ha intensificado el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles en Argentina.