Una adolescente de 17 años perdió el ojo izquierdo tras recibir un disparo de un balín de gas pimienta por parte de un policía durante un operativo en el barrio Zepa, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando efectivos policiales realizaban un patrullaje y detuvieron a dos hombres acusados de arrojar piedras contra colectivos. La situación derivó en disturbios frente a la comisaría local, donde familiares y vecinos de los detenidos se congregaron y se produjeron enfrentamientos con la policía.

En medio de la tensión, la policía utilizó armamento menos letal y antitumulto para dispersar a los manifestantes. Según testimonios y registros fílmicos, la joven, que se encontraba en su casa y no participaba de los disturbios, fue alcanzada en el rostro por un disparo de un arma Byrna, diseñada para lanzar balines de gas pimienta. La adolescente fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron la pérdida irreversible del ojo izquierdo.

El caso generó una fuerte reacción social y la familia de la víctima, junto a su abogado, denunció un uso excesivo de la fuerza y exigió justicia. "Podrían haber disparado a los pies, al piso, pero no. Dispararon de manera desaforada contra la cabeza. Le tiraron al rostro a mi hija y le sacaron un ojo", declaró la madre de la joven. El abogado Carlos Nayi sostuvo que la actuación policial fue "injustificada e indebida" y pidió que los responsables sean identificados y sancionados.

La fiscalía, a cargo de Andrés Godoy, investiga el accionar de los policías involucrados y analiza si se respetaron los protocolos para el uso de armas no letales, que prohíben disparar a la cabeza. El policía que efectuó el disparo fue identificado y está bajo investigación judicial y sumario administrativo, aunque hasta el momento no hay detenidos ni imputados.

El Ministerio de Seguridad provincial defendió la intervención policial, argumentando que buscaba restablecer el orden tras las agresiones sufridas por los efectivos y los daños materiales en la comisaría. El caso reavivó el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y la necesidad de revisar los protocolos de actuación, en un contexto de reiterados episodios de violencia institucional en la provincia de Córdoba.