El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su profunda preocupación ante el inminente debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, advirtiendo sobre el impacto negativo que tendrían los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 en el ejercicio profesional de la abogacía y en la defensa de los derechos laborales. En una carta firmada por Ricardo Gil Lavedra y dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, así como a los titulares de los bloques parlamentarios, la entidad que representa a 89.500 abogados porteños solicitó a los legisladores que consideren las graves implicancias de la reforma.

El Colegio objetó especialmente la figura de la "pluspetición inexcusable", que podría hacer responsables a los abogados por el pago de costas si se determina que hubo una sobreestimación de los créditos reclamados en juicios laborales. Según la entidad, la ambigüedad de este concepto introduce un riesgo patrimonial directo para los profesionales y configura un trato discriminatorio respecto de otras ramas del derecho. Además, se cuestiona la posibilidad de que las sentencias condenatorias, incluidos los honorarios profesionales, puedan ser pagadas en cuotas, lo que afectaría derechos de naturaleza alimentaria y desalentaría la práctica del derecho laboral.

El Colegio remarcó que cualquier reforma debe respetar los límites de la Constitución Nacional y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos laborales. "La situación de asimetría estructural que caracteriza a la relación laboral dependiente exige que toda actualización normativa no debilite los estándares de tutela vigentes", señalaron.

Por otra parte, la entidad reconoció que la incorporación del principio de "stare decisis" podría ser positiva para el sistema judicial, pero consideró injustificado aplicarlo solo a jueces laborales. Finalmente, el Colegio advirtió que los cambios propuestos profundizarían los riesgos y restricciones para el ejercicio de la abogacía laboral, con un impacto directo en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la preservación del Estado de Derecho.