El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue condenado este martes a tres años de prisión condicional por irregularidades en la adjudicación de obras a la constructora brasileña Odebrecht para la ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) entre 2006 y 2008. El Tribunal Oral Federal 2 también sentenció al exsecretario de Energía, Daniel Cameron, a la misma pena, y al exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, a dos años y seis meses de prisión condicional. Además, los tres recibieron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La resolución judicial, que no implica prisión efectiva salvo que la condena quede firme, absolvió a dos exdirectivos de CAMMESA, Luis Beuret y Julio Bragulat. El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, rechazó el pedido de prescripción de la causa y consideró probada la existencia de negociaciones incompatibles con la función pública, al beneficiar a Odebrecht en la licitación de las obras.

Durante el juicio, el fiscal Diego Luciani calificó el caso como un episodio de "gran corrupción" y denunció una "ingeniería burocrática" para favorecer a la empresa extranjera, en un proceso que involucró inversiones estatales superiores a los 2.300 millones de dólares. Los fundamentos del fallo se conocerán el 4 de septiembre, momento en el que las partes podrán apelar la decisión.

De Vido, quien siguió la audiencia por videoconferencia desde su domicilio en Zárate, cumple prisión domiciliaria por la condena firme en la tragedia de Once. Esta es la cuarta condena penal que recibe el exministro, aunque solo una de ellas está firme. El caso se desprende de investigaciones más amplias sobre corrupción en la obra pública, incluyendo el escándalo internacional de Odebrecht y el caso Skanska.

Las defensas de los condenados argumentaron que las decisiones tomadas respondieron a la emergencia energética que atravesaba el país en ese momento. Por su parte, los fiscales sostuvieron que se montó un esquema para beneficiar ilegalmente a Odebrecht, en detrimento de la transparencia y la competencia en la contratación pública. El proceso judicial, que comenzó en diciembre de 2025, se inscribe en una serie de causas que involucran a exfuncionarios por hechos de corrupción durante la gestión kirchnerista.