El escándalo por el fentanilo contaminado ha sacudido a la Argentina, dejando al menos 96 víctimas fatales y desatando una crisis sanitaria e institucional de gran magnitud. El laboratorio HLB Pharma, ubicado en Ramallo, se encuentra en el centro de la polémica tras la producción y distribución de ampollas de fentanilo que contenían bacterias letales, según confirmaron pericias oficiales y denuncias de exempleados.

Las investigaciones judiciales, encabezadas por el juez federal Ernesto Kreplak, han revelado un entramado de irregularidades en la fabricación del medicamento. Exanalistas de microbiología que trabajaron en HLB Pharma denunciaron que los controles microbiológicos eran falsificados, la trazabilidad era inexistente y el personal carecía de la capacitación mínima necesaria. "Todos sabían que ese lote de fentanilo estaba contaminado", afirmó una exempleada bajo condición de anonimato, agregando que los análisis positivos se ignoraban y el producto se distribuía igualmente.

El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires declaró el estado de alarma y señaló que la alerta sobre la crisis se emitió desde mayo, cuando los primeros casos de muertes por fentanilo contaminado comenzaron a aparecer. El secretario general de la institución, Julio Dunogen, explicó que la causa de los fallecimientos fue una severa contaminación bacteriana, no una sobredosis, y calificó la situación como "veneno directamente".

Documentos oficiales y pericias judiciales apuntan a graves fallas en los controles estatales, especialmente de la ANMAT y el INAME, y a sospechas de desvío de fentanilo al mercado ilegal. El presidente Javier Milei y autoridades sanitarias han exigido sanciones ejemplares y responsabilizado a organismos de control por su falta de profesionalismo y celeridad. A pesar de la gravedad del caso, no hay detenidos hasta el momento.

El contexto internacional agrava la situación: mientras en otros países el fentanilo causa muertes por consumo recreativo, en Argentina la tragedia se dio en hospitales y clínicas, lo que ha generado alarma mundial. El dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, enfrenta sospechas de vínculos políticos y de protección institucional, lo que ha complicado aún más la investigación.

Las clínicas y hospitales han recibido la instrucción de descartar y devolver todos los productos de HLB Pharma, mientras la Justicia continúa investigando el paradero de kilos de fentanilo en polvo y la posible connivencia entre el laboratorio y organismos estatales. El caso ha puesto en evidencia la necesidad de reformas profundas en la fiscalización de medicamentos y el control de sustancias peligrosas en el país.