El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, confirmó que no adherirá a la reforma nacional de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) impulsada por la administración de Javier Milei. De este modo, el sistema actual de revisiones anuales para vehículos con más de dos años de antigüedad se mantendrá vigente en todo el territorio bonaerense.

La decisión fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales de la VTV provincial y ratificada por funcionarios del Ejecutivo. La reforma nacional, oficializada mediante el Decreto 139/2026, propone que los vehículos cero kilómetro realicen su primera inspección a los cinco años del patentamiento y que los autos de hasta diez años pasen la revisión cada dos años, además de permitir que concesionarias y talleres privados puedan realizar el control, eliminando la exclusividad de las plantas oficiales y las tarifas fijas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reaccionó a la decisión bonaerense con críticas y sugirió que la postura provincial podría influir en las elecciones de 2027. Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió el sistema actual argumentando que la apertura podría derivar en una cobertura desigual, especialmente en localidades pequeñas, y en un posible aumento del mercado negro de repuestos.

En paralelo, legisladores del PRO y La Libertad Avanza presentaron proyectos para simplificar la VTV provincial, ampliar la cantidad de talleres habilitados y revisar los costos del servicio. El senador Pablo Petrecca, presidente del bloque PRO en la Cámara Alta bonaerense, sostuvo que el sistema vigente es burocrático y poco accesible, especialmente para los habitantes del interior de la provincia, y propuso una modernización alineada con la Ley Nacional de Tránsito.

El debate sobre la VTV refleja tensiones entre la búsqueda de mayor competencia y desregulación, defendida por el gobierno nacional y sectores opositores provinciales, y la preocupación por el control estatal y la cobertura territorial, priorizada por la administración bonaerense. El futuro del sistema dependerá de la capacidad de las partes para conciliar eficiencia, seguridad y equidad en la prestación del servicio.