El 16 de junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires fue sacudida por un ataque sin precedentes: aviones de la Marina y la Aviación Naval, apoyados por sectores civiles y políticos opositores, bombardearon la Plaza de Mayo y la Casa Rosada con el objetivo de asesinar al presidente Juan Domingo Perón y derrocar su gobierno. El ataque, que se extendió durante varias horas y consistió en tres oleadas de bombardeos y ametrallamientos, dejó un saldo de más de 300 muertos y entre 600 y 1000 heridos, la mayoría civiles que se encontraban en la zona por motivos laborales, familiares o convocados por la CGT para defender al gobierno.

La conspiración, que involucró a altos mandos militares, políticos y comandos civiles, se precipitó tras la confirmación de que un desfile aéreo programado sería aprovechado para el atentado. Perón, advertido de la inminencia del ataque, se refugió en el Ministerio de Guerra, mientras la CGT llamaba a los trabajadores a la Plaza, lo que incrementó el número de víctimas. La violencia no terminó con el fracaso del golpe: esa misma noche, grupos peronistas incendiaron varias iglesias en la ciudad, en represalia por el apoyo eclesiástico percibido hacia los golpistas.

El intento de golpe fracasó en el corto plazo, pero sentó las bases para la Revolución Libertadora que, tres meses después, derrocó a Perón e instauró la proscripción del peronismo. Muchos de los responsables del ataque fueron inicialmente detenidos, pero la mayoría recuperó la libertad tras el cambio de régimen, e incluso algunos ocuparon cargos públicos en los años siguientes.

A 70 años del bombardeo, el hecho sigue siendo objeto de debate y reflexión. Historiadores y docentes señalan la falta de consenso democrático sobre la condena del ataque y la escasa presencia del episodio en la memoria colectiva y el espacio público. El bombardeo a Plaza de Mayo permanece como un símbolo de la violencia política y la fragilidad institucional que marcaron la historia argentina del siglo XX.