La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación judicial por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta, tras la revelación de transferencias millonarias a empresas fantasma radicadas en Miami. Documentos y chats obtenidos por medios como TN muestran cómo fondos administrados por TourProdEnter, firma de Javier Faroni, fueron enviados a Dicetel Corp y otras sociedades sin actividad real, para luego ser retirados en efectivo en Buenos Aires.

La operatoria involucra a Juan Pablo Beacon, abogado cercano al tesorero Pablo Toviggino, y a un financista identificado como "Fiño". Las facturas emitidas por supuestos servicios permitieron transferencias de hasta 4,8 millones de dólares, con comisiones y entregas en efectivo cuyo destinatario final permanece desconocido. El circuito financiero incluye sociedades disueltas en Miami y vínculos con clubes como Banfield, Arsenal de Sarandí y Central Córdoba.

El juez federal Luis Armella ordenó una auditoría integral de las cuentas de la AFA en el Banco Credicoop y solicitó informes sobre TourProdEnter y otras LLC constituidas en Florida, que recibieron al menos 42 millones de dólares. Además, la Policía Federal investiga la trazabilidad de fondos, contratos de sponsorización y posibles perjuicios patrimoniales para clubes involucrados.

La denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni contra Claudio "Chiqui" Tapia y Toviggino busca que la causa se tramite en la Justicia nacional, evitando el fuero federal considerado más politizado. La fiscalía, sin embargo, argumenta la necesidad de una visión conjunta de los movimientos financieros y vínculos societarios. La Cámara Criminal y Correccional decidirá el futuro de la causa, mientras la Agencia de Recaudación impugna domicilios declarados por la AFA.

El caso, que incluye más de 3000 páginas de registros bancarios y allanamientos en la sede de la AFA y domicilios de los implicados, pone en cuestión la transparencia y el manejo de fondos en el fútbol argentino. Las investigaciones continuarán en marzo con declaraciones testimoniales clave, mientras persisten interrogantes sobre el destino final de los fondos y la responsabilidad de los dirigentes.