El Gobierno argentino ha implementado una reducción parcial de subsidios en el régimen de Zona Fría, afectando a más de 130,000 usuarios. La medida, oficializada a través de la Resolución 219/2025 de la Secretaría de Energía, redefine los criterios para acceder a los beneficios establecidos por la Ley 27.637, que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios en regiones de bajas temperaturas.

A partir de ahora, los usuarios que posean más de un medidor de gas a su nombre pasarán de recibir un descuento del 50% al 30% en la tarifa plena, salvo que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Según un relevamiento oficial, 137,975 CUIT o CUIL fueron detectados con subsidios aplicados a múltiples inmuebles, lo que sugiere condiciones patrimoniales incompatibles con el nivel más alto de subsidio.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, establece que los usuarios afectados podrán presentar documentación ante la ANSES para justificar su vulnerabilidad y solicitar la restitución del beneficio completo. Este proceso se realizará a través de la Ventanilla Única Social, un canal habilitado para evaluar caso por caso.

El régimen de Zona Fría, creado en los años 90 para la Patagonia y ampliado en 2021, beneficia actualmente a más de 4.3 millones de usuarios en todo el país. Sin embargo, la Secretaría de Energía busca evitar superposiciones de subsidios con otros programas, como la Tarifa Social Federal, y mejorar la focalización de los recursos.

La medida se enmarca en un ajuste fiscal más amplio impulsado por la administración de Javier Milei, que incluye la racionalización de subsidios energéticos. Desde el Gobierno, argumentan que la decisión es necesaria para garantizar la equidad y la sostenibilidad del sistema. "El compromiso es claro: eliminar privilegios, corregir distorsiones y administrar con responsabilidad los recursos del Estado", señalaron fuentes oficiales.

Críticos de la medida advierten que podría afectar a sectores de clase media que no califican como vulnerables pero dependen del subsidio para afrontar los costos energéticos. No obstante, el Gobierno asegura que la medida es un paso hacia un sistema más justo y eficiente.

La emergencia energética y tarifaria, vigente hasta diciembre de 2025, otorga a la Secretaría de Energía facultades para reestructurar el sistema de subsidios. En este contexto, se espera que continúen los ajustes en busca de una mayor focalización de los beneficios.