El Parlamento italiano aprobó una nueva ley que limita el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia, conocida como ius sanguinis. La medida, impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni, fue ratificada por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones, tras haber sido aprobada previamente en el Senado.

La nueva normativa establece que solo los hijos y nietos de ciudadanos italianos podrán acceder a la ciudadanía, excluyendo a bisnietos y generaciones posteriores. Además, los solicitantes deberán demostrar vínculos reales con Italia, como residir en el país por al menos dos años. Las solicitudes presentadas antes del 27 de marzo de 2025 se regirán bajo la ley anterior.

El canciller italiano, Antonio Tajani, justificó la medida como un esfuerzo por evitar abusos y fortalecer el vínculo cultural y cívico con Italia. "La ciudadanía debe ser un reconocimiento serio y consciente, basado en un compromiso auténtico con nuestro país", afirmó Tajani. Según el gobierno, la reforma busca también aliviar la carga administrativa en los consulados italianos, que estaban desbordados por la cantidad de solicitudes.

La medida ha generado un fuerte impacto en Sudamérica, especialmente en Argentina, donde se estima que entre 40,000 y 60,000 solicitudes podrían verse afectadas. En 2024, más de 30,000 argentinos obtuvieron la ciudadanía italiana, pero con la nueva ley, muchos descendientes deberán buscar alternativas legales o residir en Italia para iniciar el trámite.

La oposición en Italia ha criticado la ley por romper el vínculo histórico con las comunidades italianas en el extranjero. "Esto es un fracaso político que afecta a las familias y a la identidad italiana en el mundo", declaró Toni Ricciardi, diputado del Partido Democrático. Por su parte, organizaciones de descendientes italianos en Argentina han expresado su preocupación y evalúan acciones legales para impugnar la normativa.

La ley también introduce cambios en el proceso administrativo, centralizando los trámites en una oficina especial en Italia y dejando de lado a los consulados. Esto, según el gobierno, permitirá una mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes.

En tanto, expertos legales señalan que la vía judicial podría ser una opción viable para quienes ya habían iniciado el trámite bajo la normativa anterior. Sin embargo, advierten que este proceso podría ser costoso y prolongado.

La nueva ley representa un cambio significativo en la política de ciudadanía de Italia, con implicaciones profundas para las comunidades de descendientes italianos en todo el mundo. Mientras el gobierno defiende la medida como un paso hacia una mayor integridad y eficiencia, las críticas y el descontento entre los afectados continúan creciendo.