La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una ley que amplía el beneficio de gratuidad en el subte para jubilados y pensionados residentes en la capital. La nueva normativa, sancionada con 44 votos a favor y seis abstenciones del bloque de La Libertad Avanza, permitirá que quienes perciban hasta 2,5 jubilaciones mínimas puedan viajar sin costo en toda la red subterránea, sin restricciones horarias.

El proyecto, resultado de la unificación de iniciativas presentadas por legisladores de Unión por la Patria, Confianza Pública y el Consejo Económico y Social de la Ciudad, fue consensuado entre la mayoría de los bloques políticos. "Hoy es un día especial porque triunfó la política, el consenso y la voluntad de los distintos bloques para hacer lo que nos pagan, que es legislar", expresó la legisladora Graciela Ocaña durante el debate. Por su parte, Claudia Neira, presidenta del bloque Unión por la Patria, destacó: "Este es un avance político enorme y un acto de justicia con los más golpeados por este Gobierno".

El beneficio, que hasta ahora solo alcanzaba a quienes cobraban hasta un 10% más que la jubilación mínima y con restricciones de horario, se amplía así a un universo mayor de adultos mayores. El pase gratuito tendrá una validez de cinco años y podrá gestionarse tanto en estaciones cabeceras como en sedes comunales, con la posibilidad de realizar el trámite de forma digital. El uso del pase será personal e intransferible, y si no se utiliza durante dos años consecutivos, se dará de baja automáticamente.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la aprobación de la ley y subrayó que "es una medida necesaria para acompañar a quienes trabajaron toda su vida, lograda con consenso y sin afectar el equilibrio fiscal". El impacto fiscal estimado es bajo, representando menos del 0,15% del presupuesto porteño, según datos oficiales.

La gratuidad del subte para jubilados y pensionados se suma a otras iniciativas impulsadas en la Legislatura para paliar la difícil situación económica de los porteños, en un contexto de tarifas de transporte en alza y jubilaciones que no alcanzan a cubrir la canasta básica. La ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de 90 días, y su implementación será observada de cerca por los sectores beneficiados y la oposición, que reclama la puesta en marcha de otras leyes sociales ya sancionadas.