La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cinco años de prisión para David Bravo, exintendente de Colonia 25 de Mayo, en la provincia de La Pampa, por su participación en una red de trata de personas con fines de explotación sexual. El fallo, que cierra una investigación judicial de más de una década, involucra hechos ocurridos entre 2011 y 2012 en los cabarets "Venus" y "Karibian" de la ciudad.

La causa se inició tras la denuncia de una joven dominicana que logró escapar de uno de los locales y relató a las autoridades maltratos, amenazas y la presencia de otras mujeres en condiciones similares, una de ellas embarazada. El allanamiento policial realizado el 16 de diciembre de 2011 constató la presencia de diez mujeres, nueve de ellas dominicanas, y la existencia de habitaciones utilizadas tanto para vivir como para la realización de los llamados "pases".

Durante el procedimiento, la encargada del local presentó una habilitación municipal firmada por el propio Bravo, a pesar de que existía una ordenanza municipal, también firmada por él, que prohibía expresamente la habilitación de cabarets y locales nocturnos en el ejido urbano de Colonia 25 de Mayo. La investigación judicial documentó la modalidad de explotación y la complicidad institucional que permitió el funcionamiento de los prostíbulos.

El Tribunal Oral Federal de La Pampa procesó y envió a juicio a Bravo, quien fue condenado como partícipe necesario del delito de trata de personas. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y, finalmente, por la Corte Suprema, que consideró inadmisible el último recurso presentado por la defensa.

Junto a Bravo, la administradora de los locales, Nurys Caraballo Castillo, también fue condenada, mientras que un comisario investigado en la causa resultó absuelto. Bravo, tras la confirmación de la condena, fue detenido y alojado en una comisaría, a la espera de su traslado a una unidad carcelaria.

En sus redes sociales, Bravo denunció ser víctima de una "persecución política" y cuestionó la legitimidad del fallo, afirmando que seguirá esperando justicia. El caso ha generado un fuerte debate en la ciudad y expone la vulnerabilidad de mujeres migrantes, la corrupción institucional y la responsabilidad política en delitos de trata de personas. La resolución judicial marca un precedente en la lucha contra la explotación sexual y la complicidad de funcionarios públicos en la provincia de La Pampa.