La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ha declarado un estado de alerta y movilización en respuesta al decreto 340/2025 del Gobierno Nacional, que limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales. Este decreto, que exige servicios mínimos del 50% al 75% en sectores como transporte, educación y salud, ha sido calificado por los gremios como un ataque a la libertad sindical y la soberanía nacional.

En un plenario realizado en la sede de la CGT, los líderes de la CATT, encabezados por Juan Carlos Schmid, anunciaron un plan de lucha que incluirá paros sorpresivos, asambleas y una movilización hacia el Ministerio de Desregulación. "Este decreto es un proyecto de muerte que busca destruir el trabajo argentino", afirmó Schmid, quien también criticó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como el principal impulsor de estas medidas.

La CGT, por su parte, presentó un amparo judicial para declarar inconstitucional el decreto, argumentando que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y convenios internacionales que garantizan la libertad sindical. Según la central obrera, el decreto amplía arbitrariamente la lista de actividades esenciales y establece niveles mínimos de prestación que dificultan el ejercicio legítimo del derecho a huelga.

Los gremios del transporte, que incluyen a sindicatos de camioneros, ferroviarios, aeronáuticos y marítimos, entre otros, han señalado que estas políticas desregulan sectores estratégicos, afectando empleos y condiciones laborales. "No vamos a resignar nuestra capacidad de libertad sindical. Un decreto no puede llevarse por delante normas de naturaleza internacional", declaró Schmid.

El conflicto se da en un contexto de tensiones crecientes entre el Gobierno y los sindicatos, con antecedentes de políticas de desregulación que, según los gremios, tuvieron efectos negativos en la industria nacional. La CATT y la CGT han sido históricamente actores clave en la defensa de los derechos laborales en Argentina, y este enfrentamiento podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el movimiento obrero.

Mientras tanto, la opinión pública se encuentra dividida. Algunos sectores apoyan las medidas gremiales como una defensa legítima de los derechos laborales, mientras que otros priorizan la continuidad de los servicios esenciales. En cualquier caso, las medidas de fuerza anunciadas para junio podrían generar interrupciones significativas en el transporte y otros servicios esenciales, aumentando la presión sobre el Gobierno para buscar una solución negociada.