Clínicas y sanatorios de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa suspendieron desde el 3 de junio la atención de guardia para afiliados de PAMI, manteniendo únicamente la atención de emergencias. La medida, que afecta a miles de jubilados y pensionados, fue adoptada tras meses de negociaciones fallidas y reclamos por el atraso en los pagos y la insuficiencia de los aranceles reconocidos por la obra social nacional.

Según los prestadores, los valores que perciben por las prestaciones sufrieron una pérdida real cercana al 75% en los últimos dos años y medio, mientras que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 supera el 300%. Los incrementos anunciados por PAMI, de apenas 1,9% para junio y julio, son considerados insuficientes y se aplicarán recién en las liquidaciones de agosto y septiembre. "No cubrimos costos y las brechas son insalvables", afirmó Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca.

La decisión fue comunicada formalmente al director ejecutivo del INSSJP, Esteban Leguízamo, y cuenta con el respaldo de asociaciones y cámaras de prestadores de todo el país. Las clínicas advierten que la situación económica pone en riesgo la continuidad de los servicios, la calidad de la atención y la capacidad de mantener el recurso humano y la infraestructura necesaria. Además, se suman otras restricciones, como cupos en prestaciones ambulatorias y la suspensión de cirugías por falta de insumos.

Desde PAMI reconocen el conflicto y afirman estar en negociaciones con los prestadores para buscar alternativas, aunque señalan que la región patagónica históricamente ha tenido aranceles más altos. Sin embargo, las entidades médicas sostienen que las medidas anunciadas hasta el momento resultan insuficientes y que, de persistir el escenario actual, se agravará el acceso a la salud para millones de afiliados en todo el país.

El conflicto no es nuevo: en abril ya se habían suspendido cirugías programadas sin urgencia y se habían impuesto mayores limitaciones a la atención. La atención a afiliados PAMI representa entre el 30% y 40% de los ingresos de los prestadores, lo que agrava el impacto de la crisis en el sistema de salud privado de la región.