El Senado argentino asestó un duro golpe al Gobierno de Javier Milei al rechazar, por amplia mayoría, los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Con 58 y 59 votos afirmativos respectivamente, la Cámara alta superó con holgura la mayoría especial de dos tercios requerida para insistir en ambas normas, obligando así al Ejecutivo a su promulgación.

Las leyes, aprobadas originalmente en agosto, asignan fondos adicionales a las universidades públicas y al Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico del país. Además, contemplan recomposición salarial para el personal de salud y actualizaciones presupuestarias para las casas de estudio, ajustadas por inflación. Desde la asunción de Milei, tanto universidades como hospitales han sufrido recortes superiores al 30% en su poder adquisitivo, según datos de la Auditoría General de la Nación.

El presidente Milei había vetado ambas normas en septiembre, argumentando que su aplicación pondría en riesgo el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la oposición, integrada por el peronismo, la UCR, fuerzas provinciales y parte del PRO, se unificó para revertir los vetos. "La salud pública no es un privilegio, es un derecho", sostuvo la senadora Natalia Gadano, mientras que el radical Martín Lousteau calificó de "increíble y patético" tener que debatir nuevamente estos temas.

El oficialismo, por su parte, defendió el ajuste y denunció que la oposición utiliza "banderas nobles con fines electorales". El jefe de bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, afirmó que "utilizar a los niños para hacer política les debería dar vergüenza" y justificó el veto por la falta de recursos presupuestarios.

El Gobierno ahora evalúa estrategias legales para demorar la aplicación de las leyes, como suspender la ejecución de los fondos hasta la aprobación del presupuesto 2026. Sectores internos del oficialismo debaten entre bajar la tensión con el Congreso o promover que las demandas judiciales sean individuales para dilatar los procesos.

La situación se da en un contexto de presión del FMI y a pocas semanas de las elecciones legislativas, lo que incrementa la tensión política. La oposición advierte sobre posibles mociones de censura y exige el cumplimiento efectivo de las leyes aprobadas. El desenlace de este conflicto marcará el rumbo de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso en los próximos meses.