El conflicto docente en Salta se profundizó esta semana con la continuidad del paro convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa). La medida de fuerza, que se extiende hasta el 14 de agosto, incluye movilizaciones y asambleas en rechazo al cierre unilateral de paritarias y a los descuentos aplicados por el Gobierno provincial a los docentes que adhieren al paro.

María Victoria Cervera, secretaria general de Sitepsa, detalló que el reclamo se centra en la actualización salarial acorde a la inflación, el pago de deudas acumuladas y la devolución de los descuentos por días de huelga. "Esta decisión refuerza el espíritu de lucha de la docencia salteña y expresa la firme convicción en la Justicia de nuestros reclamos", afirmó Cervera, quien también destacó la necesidad de que el Gobierno reconozca el derecho a huelga sin aplicar sanciones injustificadas.

Por su parte, la ministra de Educación, Cristina Fiore, defendió la legalidad de los descuentos, explicando que "el no pago por los días de huelga está establecido y no es una sanción para el trabajador". Fiore subrayó que la oferta salarial vigente, un aumento del 14% para el segundo semestre y un 23% anual, es la mejor posible en el actual contexto económico, y que la provincia asumió el pago del incentivo docente tras la suspensión nacional, destinando más de $1.300 millones mensuales.

El acatamiento al paro fue dispar: Sitepsa reportó entre 8.000 y 9.000 docentes adheridos, mientras que el Gobierno provincial estimó la adhesión en un 10% del total. El conflicto se desarrolla en un contexto de crisis económica y ajuste, con la división entre gremios y autoconvocados dificultando la unidad de la protesta. Además, docentes universitarios anunciaron medidas de fuerza, ampliando el alcance del reclamo educativo en la provincia.

El Gobierno provincial ratificó su compromiso de retomar las negociaciones salariales en octubre, mientras los sectores docentes insisten en la necesidad de fortalecer la organización y la unidad para enfrentar el ajuste y defender sus derechos. El desenlace del conflicto dependerá de la capacidad de diálogo entre las partes y de la evolución de la situación económica nacional y provincial.