El Gobierno nacional oficializó la prórroga del régimen diferencial de contribuciones patronales para los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial, extendiendo el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 939/2025 y firmada por el presidente Javier Milei junto a ministros del gabinete, busca evitar un incremento abrupto en los costos laborales de los colegios privados, que podría trasladarse a las cuotas que abonan las familias o afectar la prestación del servicio educativo.

El decreto establece que los colegios privados comprendidos en las Leyes 13.047 y 24.049, tanto aquellos que reciben aporte estatal como los que no, continuarán aplicando las alícuotas reducidas de contribuciones patronales vigentes hasta ahora. De no haberse prorrogado el beneficio, estos establecimientos hubieran pasado al régimen general, lo que, según el propio Ejecutivo, habría generado "un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar" a partir de 2026, especialmente en las provincias alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.

El principal costo operativo de los colegios privados es el salarial, incluyendo las contribuciones patronales. El Gobierno advirtió que un aumento en estas cargas impactaría directamente en los presupuestos provinciales, ya que la mayoría de los colegios privados recibe aportes estatales financiados por las provincias. En los casos en que los establecimientos no reciben subsidio estatal, el incremento de las contribuciones se trasladaría a los aranceles, afectando la economía de las familias y la continuidad del servicio educativo, sobre todo en las regiones más vulnerables.

La prórroga del beneficio se fundamenta en informes técnicos favorables de los ministerios de Economía y Capital Humano, y se inscribe en una serie de extensiones sucesivas que se vienen aplicando desde 2020. El Gobierno sostiene que la medida es clave para preservar la sostenibilidad del sistema educativo privado, que cumple un rol complementario dentro del sistema nacional. La decisión deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, conforme lo establece la legislación vigente.