La historiadora Camila Perochena fue protagonista de un intenso debate televisivo con José María Posse, director de la Casa Histórica de Tucumán, durante la transmisión especial por el 9 de Julio en LN+. El eje de la discusión giró en torno al uso político de la historia y la reciente designación de funcionarios en museos nacionales, tema que ha cobrado relevancia tras la salida de Gabriel Di Meglio del Museo Histórico Nacional.

Durante el programa, Perochena denunció el desplazamiento de profesionales calificados en museos por motivos políticos, señalando que "se está desplazando a profesionales calificados en museos para poner a otro tipo de gente". Posse, por su parte, defendió su gestión y la importancia institucional del museo, afirmando: “La Casa Histórica no es solo de los tucumanos, es de todos los argentinos”.

El debate se tornó más tenso al abordar el uso del pasado por parte de distintos gobiernos. Perochena sostuvo que todos los presidentes, desde Perón hasta Milei, han construido relatos a partir de las fechas patrias, mientras que Posse rechazó la equiparación y defendió la gestión actual. La discusión incluyó referencias históricas y críticas cruzadas sobre la interpretación de la historia nacional.

La polémica escaló cuando el presidente Javier Milei intervino en la red social X, insultando a Perochena y cuestionando su formación académica. “Patética: se jacta de saber historia y arranca negando un dato base. Si llega a revisar las series de Madison le colapsará el cerebro (resulta claro que lo tiene lleno de parásitos)”, escribió Milei. La historiadora respondió defendiendo el rol crítico de los historiadores y rechazando la validación de mitos políticos.

El episodio generó un amplio repudio en el ámbito académico y cultural. La Facultad de Humanidades y Artes de la UNR expresó su solidaridad con Perochena y repudió los agravios presidenciales. Intelectuales, escritores y periodistas también manifestaron su preocupación por el tono del debate público y la escalada de ataques personales desde el poder político.

Este incidente se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y sectores académicos, en medio de debates sobre la gestión cultural y la libertad de expresión. El caso reaviva la discusión sobre el respeto al disenso y la importancia de preservar espacios de reflexión crítica en la esfera pública.