Antonio Miranda, un albañil de 57 años oriundo de Formosa y residente en Santa Cruz, vivió en julio de 2022 un episodio que marcó su vida. Tras ingresar al Casino de Río Gallegos y apostar $6.000 en su tragamonedas habitual, la máquina le anunció un premio de $100 millones, equivalente a unos 750.000 dólares según la cotización de la época. Sin embargo, la alegría fue efímera: la jefa de sala le informó que la máquina presentaba un desperfecto técnico y que el premio no sería abonado.

A pesar de la felicitación de otros apostadores y de un empleado del casino, Miranda solo recibió el saldo de la máquina, $6.500. Por consejo de un testigo, tomó una foto del premio, prueba que resultaría fundamental en la posterior demanda judicial. El casino, por su parte, ofreció una compensación inicial de $200.000, que Miranda rechazó por considerarla irrisoria.

Un año después, y tras enfrentar un accidente laboral, la pérdida de su empleo y la enfermedad de su madre, Miranda inició acciones legales. Su abogado, Gustavo Insaurralde, argumentó que el error no era responsabilidad de su cliente, quien había jugado conforme a las reglas. Durante el proceso, se constató que el casino había borrado las grabaciones de seguridad y retirado la cámara que apuntaba a la máquina involucrada.

La causa avanzó lentamente y, ante la posibilidad de que el juicio se extendiera por años, Miranda aceptó un acuerdo extrajudicial en julio de 2024. El monto, confidencial y pagado en cuotas, fue muy inferior al premio original. El acuerdo incluyó la prohibición de hablar con la prensa o revelar cifras.

El caso generó indignación en Río Gallegos y reavivó el debate sobre los derechos de los consumidores frente a grandes empresas. Aunque Miranda pudo comprar un terreno en su ciudad natal, Piedra Buena, continúa trabajando como albañil. "Pesó más su situación personal y patrimonial que la ambición por el dinero", señaló su abogado. El casino, en su descargo, sostuvo que el premio era "imposible" y que Miranda pretendía una suma "ilegítima". La historia, aunque cerrada en los papeles, dejó un sabor amargo y puso en evidencia las dificultades de los ciudadanos comunes ante corporaciones poderosas.