El Tribunal de Cuentas de Mendoza ha emitido un fallo unánime sancionando al ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, junto a otros ex funcionarios, por irregularidades en la rendición de cuentas públicas correspondientes al año 2023. Las multas, que ascienden a un total de $3,3 millones, fueron impuestas tras detectar un manejo indebido de fondos públicos, incluyendo el uso de cooperativas "fantasma" que no justificaron el destino del dinero recibido.

Entre los sancionados se encuentran Janina Ortiz, ex funcionaria y diputada provincial suspendida, quien deberá pagar $600.000, y Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales, con una multa de $500.000. Daniel Orozco, por su parte, fue multado con $570.000. Otros seis ex funcionarios de la Municipalidad de Las Heras también recibieron sanciones económicas, entre ellos Carlos Nofal, quien enfrenta la multa más alta de $670.000.

El fallo, fechado este jueves, lleva la firma del presidente del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés, y de los vocales Gustavo Riera, Ricardo Pettignano, Héctor Caputo y Liliana de Lázzaro. Según el informe, las irregularidades detectadas incluyen la falta de rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos y la existencia de cooperativas que recibieron dinero sin justificar su destino.

Además de las sanciones económicas, los involucrados están siendo investigados por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos bajo la imputación de peculado, un delito que, según el Código Penal, se aplica a funcionarios que sustraen fondos públicos bajo su administración. Este caso podría derivar en consecuencias legales más severas para los imputados si se comprueba su culpabilidad.

El caso ha generado reacciones diversas. Mientras que sectores de la oposición han criticado duramente la gestión de Orozco y su equipo, señalando este caso como un ejemplo de mala administración de recursos públicos, los implicados aún no han emitido declaraciones públicas al respecto. Por otro lado, este escándalo podría tener implicaciones políticas significativas, especialmente para Janina Ortiz, quien ya enfrenta una suspensión en su cargo como diputada provincial.

En el contexto más amplio, este caso se suma a otros escándalos de corrupción en la provincia de Mendoza, subrayando la necesidad de una mayor transparencia y control en la administración de fondos públicos. Las investigaciones judiciales en curso determinarán las responsabilidades legales de los implicados y podrían sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en la región.