Un grave caso de corrupción sacudió a la Policía de Tucumán, luego de que se descubriera que el jefe y el subjefe de la Unidad Regional Norte utilizaban a presos y suboficiales para realizar trabajos de albañilería en una vivienda particular ubicada en El Cadillal. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que llegó al Ministerio de Seguridad provincial, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y la inmediata expulsión de los responsables.

El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la baja definitiva de Gustavo Beltrán y Sergio Juárez, quienes fueron apartados de la fuerza sin posibilidad de acceder a la jubilación policial en el corto plazo. La medida fue tomada tras constatarse que al menos cuatro detenidos eran trasladados en patrulleros oficiales para trabajar en la obra privada, en violación de las normativas vigentes que establecen que los condenados deben permanecer en cárceles provinciales.

La reunión de la plana mayor policial en Casa de Gobierno fue marcada por la tensión y el descontento del mandatario, quien exigió informes detallados sobre todas las regionales y unidades especiales. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, expresó su "mucha bronca" y calificó el hecho como "una actitud de sinvergüenza", anunciando una auditoría interna y la disposición de todos los antecedentes a la Justicia.

El decreto oficial firmado por Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, remarcó la gravedad de la falta y la incompatibilidad de las conductas con la función policial, subrayando la pérdida de confianza pública. Los sumarios administrativos continúan en curso, mientras los presos implicados fueron trasladados al penal Benjamín Páez.

El escándalo se produce en un contexto de reconocimiento reciente a la fuerza policial por su labor en operativos de seguridad, lo que agrava el impacto institucional. Las autoridades provinciales reiteraron su compromiso con la transparencia y la depuración interna, asegurando que "nadie está por encima de la ley" y que se mantendrá la firmeza en la sanción de cualquier irregularidad. La sociedad tucumana y los medios locales han reaccionado con indignación, exigiendo que se esclarezcan los hechos y se garantice la integridad de la institución policial.