El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, enfrenta una creciente controversia tras la privatización de IMPSA, una de las empresas tecnológicas más emblemáticas del país, radicada en Mendoza. En febrero de 2025, la compañía fue cedida al grupo estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), vinculado al Partido Republicano y con conexiones directas con el expresidente estadounidense Donald Trump. Esta operación formó parte de la estrategia oficial para obtener divisas ante la falta de inversiones genuinas.

Sin embargo, a seis meses de la transferencia, la situación de IMPSA se ha complicado. El Estado argentino no ha cumplido con el pago de más de 15 millones de dólares en contratos de obras públicas que la empresa tenía en marcha, afectando proyectos estratégicos como el mantenimiento de turbinas de la central hidroeléctrica Yacyretá y el desarrollo del reactor nuclear CAREM 25. Además, la readecuación de la flota de tanques TAM, un contrato relevante para la defensa nacional, también se encuentra paralizada por la falta de fondos.

La falta de pagos ha obligado a IMPSA a operar únicamente con su capitalización privada, superando incluso la inyección de fondos prevista para esta etapa. Más de 600 trabajadores se ven afectados, cobrando el aguinaldo en cuotas y enfrentando incertidumbre laboral. "Nos dicen que no tienen partidas presupuestarias para pagarnos y que no saben cuándo podría haber plata", señalaron fuentes cercanas a la negociación.

La Embajada de Estados Unidos en Argentina y el entorno de Donald Trump han sido informados del conflicto, considerado inédito para un inversor extranjero en el país. Mientras tanto, el gobierno nacional explora nuevas privatizaciones, como Nucleoeléctrica Argentina y la empresa de trenes de carga, en un intento por compensar la falta de ingresos del sector agropecuario, que retiene gran parte de la soja sin vender.

La situación de IMPSA refleja las dificultades del gobierno para implementar su agenda de privatizaciones y la tensión creciente con sectores productivos y laborales. El desenlace de este conflicto podría tener implicancias significativas para futuras inversiones extranjeras y la estabilidad económica nacional.